Comentario de Fuera los Corruptos
Los “modus operandi” para demorar o para acelerar capturas es conocido por los abogados que litigan. Intervienen en la coordinación o un secretario de Juez o el propio Juez y los policías encargados de realizar la captura.
¿De qué manera? Cuando el interesado, si quiere captura rápida o quiere demorar, trafica en este procedimiento con dádivas o “billetes” en mano a un secretario o policías y; cuando son presiones del gobierno, se pide favor al Juez para que demore los oficios ordenando la captura a nivel Nacional de un condenado.
Seguramente algunas de estas modalidades es lo que debe haber pasado en este caso con el excongresista Michael Urtecho quien ha logrado fugarse.
Redacción Diario El Comercio
En agosto del 2023, el excongresista Michael Urtecho y su esposa fueron sentenciados a 22 y 28 años de cárcel, respectivamente, por apropiarse de dinero que no les correspondía. Concretamente, de más de S/430 mil que el entonces parlamentario había recortado del salario de varios de sus trabajadores, de casi S/340 mil provenientes de donaciones para personas con discapacidad y de alrededor de US$15 mil destinados a los damnificados del terremoto que asoló Pisco en el 2007. En ese entonces, sin embargo, el Poder Judicial dispuso que ambos se sujetaran a ciertas normas de conducta y que únicamente cuando el fallo fuera confirmado en segunda instancia pasarían a convertirse en reclusos.
Pues bien, el último 8 de noviembre, la Corte Suprema ratificó la sentencia contra el exparlamentario y su cónyuge, pero cuando la policía –que tenía el encargo de verificar diariamente que los condenados estuvieran en su domicilio– acudió al inmueble para arrestarlos, ya no los encontró. Michael Urtecho, un personaje público fácilmente reconocible y sobre el que podía preverse que el Poder Judicial ratificaría la condena en su contra, simplemente se había esfumado. ¿Cómo fue posible?
Una fuga así, por supuesto, sería un escándalo en cualquier parte del mundo y propiciaría cuando menos una serie de preguntas para el responsable del sector; es decir, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Pero la circunstancia de que se haya conocido en la misma semana en la que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, desapareció del radar de las autoridades horas antes de que un juez ordenara su detención por 36 meses sugiere que el problema va más allá de una posible negligencia puntual y golpea directamente la credibilidad de toda la institución policial.
Peor aún, cuando recordamos que Vladimir Cerrón lleva más de un año escurriéndose de todos los operativos que se han efectuado en su contra y considerando que la fuga hace casi dos años y medio del exministro de Transportes de Pedro Castillo, Juan Silva Villegas, se dio incluso cuando se encontraba bajo vigilancia policial.
En el Perú, por lo visto, se ha vuelto sumamente fácil burlar a las autoridades, incluso estando bajo la mirada de estas. Quienes más se benefician de la situación, por cierto, son los políticos inescrupulosos, que no solo se aprovechan de la impunidad que suele haber en nuestro país, sino que ahora, cuando reciben algún fallo judicial contrario a sus intereses, tampoco tienen mucho de qué preocuparse, pues la posibilidad de eludir a sus captores sin demasiado esfuerzo está allí.
