Un hombre ha sido sentenciado a más de siete años de prisión federal por atacar con bombas incendiarias la oficina de la organización provida Wisconsin Family Action en Madison, Wisconsin. El fiscal del caso calificó el acto de Hridindu Sankar Roychowdhury como «terrorismo doméstico».
Redacción infocatolica.com
Un hombre condenado por atacar con bombas incendiarias la oficina de una organización provida en Madison, Wisconsin, ha sido sentenciado a más de siete años de prisión federal el pasado 10 de abril.
El acusado, Hridindu Sankar Roychowdhury, de 29 años, admitió su culpabilidad por el cargo de intento de causar daños mediante fuego o explosivos al atacar la oficina de Wisconsin Family Action. El atentado, que ejecutó en mayo de 2022, tuvo lugar de madrugada cuando la oficina estaba desocupada y, afortunadamente, no resultó nadie herido.
Roychowdhury perpetró su ataque poco después de que una fuente anónima filtrase un borrador del fallo de la Corte Suprema de los EE.UU. que derogaría Roe v. Wade. El incendio fue acompañado de una amenaza escrita con grafiti en las paredes exteriores del grupo provida: «Si los abortos no son seguros, tú tampoco lo estás».
«El incendio provocado por Roychowdhury fue un acto de terrorismo doméstico», declaró Timothy M. O’Shea, fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Wisconsin, en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
«El terrorismo doméstico es cobarde y profundamente antidemocrático», añadió O’Shea. «No es un discurso; no es un intercambio de ideas; en cambio, es un intento de dañar o asustar a los ciudadanos, dividiendo así a los estadounidenses y debilitando el tejido de nuestra sociedad democrática. El Departamento de Justicia de EE. UU. y esta Fiscalía, junto con nuestros socios locales y federales de las fuerzas del orden, nunca vacilarán en hacer responsables a los terroristas domésticos».
Christine File, presidenta de Wisconsin Family Action, manifestó su decepción con la sentencia. La organización había sugerido que Roychowdhury fuera condenado a 15 años de prisión. Los cargos conllevaban una pena mínima de cinco años y un máximo de 20 años.
«El tribunal perdió una oportunidad de fortalecer la protección de los derechos constitucionales como la libertad de expresión y el libre ejercicio, derechos que han sido atacados en los últimos años», expresó File. «El acto de terrorismo doméstico del acusado para amenazar a nuestra gente, nuestras familias y amigos, nuestros vecinos y nuestra mayor comunidad provida es inconcebible. En última instancia, el acusado –y otros que atacaron a grupos provida con los que no están de acuerdo– atacaron nuestra sociedad civil y los derechos constitucionales que son fundamentales para ella».
Además de su condena de 90 meses, Roychowdhury fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y una multa de 32.000 dólares.
«Dada la gravedad de su crimen y los cargos a los que se declaró culpable, la sentencia carece de proporcionalidad», señaló File. «Sin embargo, como hemos dicho desde el día del ataque, ningún acto o amenaza de violencia o terrorismo nos disuadirá de nuestra misión: ser una voz para los que no tienen voz».
El aumento de ataques a organizaciones provida, iglesias y centros de embarazo provida se ha registrado desde que se filtró el borrador de opinión del Tribunal Supremo para anular Roe v. Wade, según un seguimiento de CNA. Al menos 115 organizaciones, incluidas 38 iglesias, han sufrido actos vandálicos en los últimos dos años con diferentes grados de gravedad.
La mayoría de estos actos vandálicos permanecen sin resolver, lo que ha provocado críticas hacia el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones por parte de grupos católicos, organizaciones provida y legisladores republicanos.
El 9 de abril, CatholicVote envió una carta al fiscal general Merrick Garland criticando la falta de procesamientos y solicitando información sobre cómo el Departamento de Justicia tiene previsto combatir estos ataques.
«Las iglesias católicas y los católicos individuales tienen el derecho absoluto a practicar su fe y votar según su conciencia», declaró Brian Burch, presidente de CatholicVote, en la carta.
«Estos ataques contra las iglesias católicas que defienden el derecho a la vida son ejemplos clásicos de intimidación electoral y supresión de votantes», afirmó Burch. «Usted ha demandado a varios estados que, según alega, están participando en la supresión de votantes… sin embargo, no ha dedicado ni un solo minuto del tiempo federal para abordar la intimidación y la supresión de los votantes católicos».
Garland ha asegurado que el Departamento de Justicia ha destinado todos los recursos necesarios para procesar estos incidentes, aunque la mayoría de las acciones ocurren de noche, lo cual complica su resolución.
Además, varios activistas provida han sido condenados por bloquear el acceso a clínicas de aborto bajo la Ley de Acceso Libre a las Clínicas (FACE). Algunos de los activistas podrían enfrentarse a más de una década de prisión.
