Junio 30, 2022
Susan Geronimo

Susan Geronimo


Congreso aprueba reforma que permite a Contraloría acceder al secreto bancario de investigados por corrupción

Por 104 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto sustitutorio que estaba pendiente de segunda votación.

La reforma propone modificar el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución para incorporar expresamente que los dos nuevos titulares o altos funcionarios que podrán efectuar el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria son el contralor general de la República y el superintendente de Banca, Seguros y AFP.

 

El texto final quedó redactado de la siguiente manera:

“(…) Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido:

4. Del contralor general de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.

5. Del superintendente de Banca, Seguros y AFP para los fines específicos de la inteligencia financiera”.

En enero pasado, el Congreso había aprobado en primera votación el documento que faculta a la Contraloría acceder, dentro de una acción de control, al secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios que manejan fondos públicos y que son investigados por presunta corrupción.

TIEMBLAN


COMO FUNCIONARIOS DEL ESTADO NO PUEDEN ESTAR EXENTOS DE RESPONSABILIDADES E IMPUNIDADES PARA COMETER ACTOS ILÍCITOS DE CONEXIÓN POLÍTICA, COMO ES EL CARÁCTER DE UNA ELECCIÓN DE AUTORIDADES DONDE, SO PRETEXTO DE AUTONOMÍA, DICHOS FUNCIONARIOS HAGAN LO QUE SE QUIERA , SIN TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DEL SISTEMA INFORMÁTICO U OTROS ELEMENTOS NECESARIOS QUE DAN CONFORMIDAD A ELECCIONES LIMPIAS.

A TODO ESTO, LO MÁS GRAVE ES NEGARSE A PERMITIR VERIFICACIONES DE PRUEBAS CONFRONTADAS O CRUZADAS QUE SÓLO CAUSAN MAYORES SOSPECHAS DE OCULTAMIENTO DE PRUEBAS Y DE LA EXISTENCIA DE FRAUDES , PARCIALES O TOTALES.

ESOS ROLES PREVENTIVOS QUE NO CUMPLE EL JNE IMPIDE QUE LA CIUDADANÍA CONOZCAN PREVIAMENTE , LOS MECANISMOS DEL PROCESO Y LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS ESTABLECIDOS.

LA NOTICIA:

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Congreso de la República que se reconsidere la decisión que tomó el último 7 de junio la Comisión de Constitución al aprobar el dictamen de reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad.

Mediante un comunicado, el organismo electoral instó a que se reflexione sobre la mencionada decisión, pues la reforma busca modificar el artículo 99 de la Constitución para otorgar a los miembros del sistema electoral la prerrogativa de antejuicio político y permitir que sean sometidos a un juicio político por el Parlamento.

El JNE fundamentó su pedido alegando que la Comisión de Constitución no solicitó la opinión institucional de los miembros de esta institución, ni tampoco de integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esto debido a que se incluyen a estos organismos en la modificación del artículo 99 de la Carta Magna. 

El proyecto de –aprobado en la Comisión de Constitución– que restablece el Senado en el sistema parlamentario cuenta con la opinión favorable de una mayoría de legisladores en comparación a quienes se oponen o aún no definen su postura.

Entre las bancadas que se inclinan a respaldar la iniciativa están Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9), Alianza Para el Progreso (14) y Somos Perú (5), 62 congresistas en total.

A ello se suma el apoyo parcial de Acción Popular (15), desde donde se propusieron tres proyectos contenidos en el dictamen aprobado en Constitución el pasado martes 7 de junio.

La bancada Perú Democrático (7) también apoyaría la iniciativa dado que se incluyó en el dictamen el proyecto de la congresista Betssy Chávez, extitular del MTPE y miembro de esta agrupación. Por su parte, la bancada de Perú Libre (16) mantiene opiniones divididas según fuentes de Perú21.

Solo Cambio Democrático-Juntos por el Perú (5) rechaza de plano el dictamen. “Insultan la voluntad popular que le dijo no a la bicameralidad en un referéndum. Para nosotros la única forma de abordar este tema es a través de una Asamblea Constituyente”, mencionó la legisladora Isabel Cortez.

El Bloque Magisterial (10), Perú Bicentenario (5) y los congresistas no agrupados (10) no se pronunciaron al respecto.

LOS PLAZOS

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, buscaría que la iniciativa sea sometida a debate en el Pleno antes de que culmine la actual legislatura, que, hasta el cierre de esta nota, se prevé que sea ampliada hasta el 15 de julio.

El dictamen en cuestión, que reúne en total 16 proyectos de ley y contempla la modificación de 51 artículos de la Carta Magna, supone una reforma constitucional, por lo que, según el Reglamento del Congreso, requiere de su aprobación en dos legislaturas sucesivas y de al menos 87 votos parlamentarios en ambas ocasiones. Ello quiere decir que, bajo el actual consenso parlamentario que se esboza, el proyecto podría ser promulgado en el presente año si tiene luz verde en el actual periodo anual que culmina en julio, y luego es ratificado durante el segundo semestre.

CONTEXTO HISTÓRICO

A lo largo de su historia republicana, el Perú contempló en sus 11 constituciones políticas anteriores la figura de la bicameralidad. En la última Carta Magna (1993), instaurada bajo el régimen de Alberto Fujimori, se incorporó la unicameralidad y se asignó a la Comisión Permanente las funciones que tenía el Senado.

En las últimas dos décadas se presentaron numerosas iniciativas para el retorno de la bicameralidad aunque fueron desestimadas por el Pleno del Congreso o, simplemente, no fueron debatidas a tiempo, antes de que terminara el periodo parlamentario correspondiente.

El intento más trascendental fue el impulsado por la Comisión de Reforma Política encabezada por el politólogo Fernando Tuesta, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, la propuesta terminó siendo rechazada en el referéndum de 2018 a pedido del propio mandatario al considerar que se había distorsionado la iniciativa.

Para el constitucionalista Carlos Hakansson, la decisión no fue por el contenido del proyecto, “más parecía producto del capital político que tenía entonces el presidente”.

La constitucionalista Milagros Campos, miembro de la mencionada comisión, respaldó el actual dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, aunque observó que, a diferencia de la propuesta de su grupo de trabajo, en este caso se establece en la Constitución el número específico de parlamentarios, lo cual dificulta su modificación cada vez que sea necesario.

Ambos coincidieron en que, si bien el proyecto es positivo y necesario, es preciso que el Congreso retome el debate de la reelección parlamentaria, que consideran fundamental para el desarrollo de una carrera política.

José Cevasco, ex Oficial Mayor del Congreso, destacó, por su parte, que habrá mayor reflexión y debate al momento de aprobar las leyes, así como una mejor representación. “Cuanta mayor dispersión de poder exista, mejor”, resaltó.

DATOS

  • La Cámara de Diputados contará con un número mínimo de 130 diputados, elegidos por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley, número que puede ser incrementado mediante ley orgánica con relación al crecimiento poblacional.
  • La Cámara de Senadores estará conformada por 60 senadores, elegidos por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley.
  • Los candidatos a la Presidencia o vicepresidencias de la República pueden ser simultáneamente candidatos a senador o diputado.

Informe sobre denuncia constitucional admitido por la subcomisión también incluye hechos tipificados en el Código Penal que implican pena privativa de libertad.

Además de las infracciones constitucionales, la actual vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, habría cometido infracciones penales, según el informe de calificación admitido ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El informe fue aprobado por nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Votaron a favor Rosío Torres y María Acuña, de APP; Martha Moyano, Ernesto Bustamante y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, así como Wilson Soto (AP); Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y José Jerí, de Somos Perú.

En contra votaron Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz del Bloque Magisterial y María Taipe, de Perú Libre.

Se abstuvieron Alfredo Pariona, de Perú Libre, y Jorge Flores (AP). No registró su voto Waldemar Cerrón.

 

ACUSACIÓN

Las denuncias, planteadas por la Contraloría, contra Boluarte son haber supuestamente mantenido su cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales, y haber efectuado actos de gestión a su nombre, cuando ya era ministra de Estado.

TENEMOS MINISTROS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES INDIFERENTES Y EL PERÚ NO SE MERECE ESTO.


La elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo tendría cambios. La Comisión Especial del Congreso decidió por unanimidad —8 votos— recomendar al pleno el cambio de los miembros del grupo de trabajo que participaba en este proceso.

Asimismo, se supo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, autorizará al procurador del Congreso que presente una denuncia por prevaricato contra el juez supernumerario del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, John Paredes Salas.

El juez mencionado había ordenado suspender temporalmente la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, quien iba a reemplazar a la interina Eliana Revollar. Esta decisión la tomó Salas tras el cuestionamiento del sindicato del mismo organismo ante una posible falta de transparencia.

El investigado y empresario Zamir Villaverde, finalmente entregó las pruebas que vinculan directamente al presidente Pedro Castillo con graves actos de corrupción que habría cometido al favorecer a ciertas empresas en contra de los intereses del país, hecho que complicaría su situación legal y su permanencia en Palacio de gobierno.

La transcripción del audio que la Fiscalía tiene en sus manos, señala que el mismo mandatario junto a su sobrino prófugo, Fray Vásquez, Zamir Villaverde y el también prófugo y exministro del MTC, Juan Silva, coordinaban las licitaciones para favorecer a ciertas empresas.

La transcripción del diálogo entre Zamir Villaverde y Juan Altamirano (exasesor de Juan Silva) confirma la hipótesis de la Fiscalía de que Villaverde coordinaba con el exministro Silva la adjudicación de obras públicas a empresas, con la participación del sobrino del presidente y conocimiento de Pedro Castillo.

En otra grabación entregada por Zamir Villaverde al Ministerio Público, que registra una conversación con el exasesor de Juan Silva, Juan Altamirano, menciona que desde Palacio de Gobierno se digitaban licitaciones a favor de INIP, de los Aguilar Quispe, y sus socios chinos, tal como lo había revelado la colaboradora eficaz Karelim López.

Los codinomes de la corrupción

Los codinomes o apodos en los que se referían entre los hoy investigados que compromete al gobierno de Pedro Castillo son: La lobista Karelim López era mencionada como la señorita, Pedro Castillo como el Tío, su sobrino Fray Vásquez Castillo como Francia y su amigo Juan Silva, como Juanito. El ministerio de Transportes y Comunicaciones era mencionado como Transilvania y Palacio de gobierno como Casa Blanca.

 

 
Es una amenaza a la salud pública.

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