Enero 21, 2022
Susan Geronimo

Susan Geronimo


Alan García: Apra exige castigar a instigadores de suicidio
Porque Fiscalía llevó prensa a casa de Alan García. Además, denuncian acoso de Pérez a columnista de EXPRESO.
Alan García: Apra exige castigar a instigadores de suicidio

Por César Rojas

Luego de que José Luis Sardón, miembro del Tribunal Constitucional, señalara que mostrar enmarrocado y con chaleco de detenido alguien que no tiene condena firme puede llevarlo a suicidarse, como sucedió con Alan García, el Partido Aprista solicitó investigar cómo se habría instigado a este trágico final.

“Lo ocurrido la mañana del 17 de abril de 2019 fue un claro abuso de poder, ejecutado por los sicarios del régimen de turno que provocaron la determinación del dos veces presidente constitucional, compañero Alan García Pérez, que antes de ser vejado públicamente, prefirió suicidarse”, señalaron los de la estrella.

Notificaciones
Como informara EXPRESO, Sardón hizo esta mención de cómo un equipo de fiscales acudió con periodistas a la casa del exmandatario. Este pedido de investigación ha provocado que el fiscal José Pérez pida protección para su vida.

“Al cumplirse dos años y nueve meses de transcurridos los hechos, las autoridades judiciales y fiscales están obligadas a investigar y sancionar las circunstancias abusivas e ilegales en la forma como se ejecutó la detención preliminar”, acotó el PAP.

El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. envió el lunes la impugnación legal de la restrictiva ley del aborto de Texas al Tribunal Supremo del estado, una medida que se espera que retrase significativamente el caso, lo cual implica que dicha ley provida siga vigente.

Tal y como escribió Steve Vladeck, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en Twitter «esta decisión mantiene ahora el caso en el limbo y convierte el aborto después de la 6 semana de gestación -en el segundo estado más grande de la nación- en letra muerta, indefinidamente», 

El Tribunal Supremo de EE.UU. se ha negado en gran medida a intervenir en el caso de Texas en tres ocasiones, la última en diciembre, cuando los jueces mantuvieron la prohibición en vigor mientras permitían que los recursos legal sigan adelante en tribunales estatales inferiores. 

La ley sigue en vigor mientras la impugnación sigue su curso. La característica central de la prohibición, que permite a los particulares demandar a los proveedores de abortos y a cualquiera que ayude a abortar después de unas seis semanas de gestación -que es cuando se detecta el latido cardiaco en el embrión-, ha dificultado la impugnación de la ley ante los tribunales. Los funcionarios estatales no se encargan de hacerla cumplir, y las impugnaciones de la ley han tenido dificultades para nombrar a los demandados en sus esfuerzos por detenerla.

Muchas personas desconocen a las seis semanas que están embarazadas y la ley se ha convertido en una de las medidas más restrictivas del aborto en todo EE.UU.

Una Corte Suprema dividida consideró que la mayoría de las impugnaciones contra la ley de Texas debían ser desestimadas, excepto una presentada contra funcionarios encargados de conceder licencias médicas. Ese caso fue enviado al 5º Circuito, uno de los tribunales de apelación más conservadores del país, en lugar de a un tribunal federal de distrito, como esperaban los proveedores y partidarios del aborto.

El panel federal de tres jueces, con sede en Nueva Orleans, escribió en su sentencia de ayer lunes que la Corte Suprema de Texas debe certificar el caso y decidir si la Corte Suprema de Estados Unidos tenía razón al permitir el desafío para proceder contra los funcionarios de licencias. Los jueces de circuito Edith H. Jones y Stuart Kyle Duncan, ambos designados por los republicanos, dijeron que el máximo tribunal del estado debe determinar si el fiscal general de Texas, la Junta Médica de Texas y otros funcionarios encargados de otorgar las licencias pueden hacer cumplir la ley si se viola.

El juez Stephen A. Higginson, designado por los demócratas, argumentó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya había decidido esa cuestión.

«Esta redundancia adicional, sin límite de tiempo, profundiza mi preocupación de que la justicia retrasada es justicia denegada», escribió al razonar su voto discordante.

Los tribunales supremos de los estados no tienen que asumir los casos que les envían los tribunales federales, pero es probable que Texas lo haga esta vez. 

Hasta que se tome una decisión, la mayor parte de las clínicas abortistas de Texas han dejado de realizar abortos. Sus abogados sostenáin que la mejor esperanza para anular el caso es enviarlo a un tribunal federal de distrito, y que enviarlo al Tribunal Supremo del estado podría retrasar cualquier decisión durante meses. Los opositores al aborto dijeron que un retraso tan extenso es exactamente lo que querían.

«Mientras se desenredan todas estas complicadas cuestiones legales, ya tenemos cada día nuestra victoria», dijo John Seago, director legislativo de Texas Right to Life, al Texas Tribune. «Los tribunales han permitido que esta ley siga en vigor».

Ante la llegada de la nueva red 5G de la banda C en EE.UU., prevista para el próximo 19 de enero, los directores ejecutivos de las principales aerolíneas estadounidenses de pasajeros y carga han difundido este lunes una carta en la que advierten de "grandes interrupciones" en el sistema del transporte aéreo y las consecuencias "catastróficas" que supondría su despliegue, informa Reuters.

En la carta —firmada por aerolíneas como Alaska Air Group, American Airlines, Atlas Air Worldwide, Delta Airlines, FedEx Express, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, United Airlines Holdings, UPS Airlines, así como la asociación de comercio Airlines for America (A4A)— los representantes de la aviación estadounidense subrayan que el daño que se producirá tras el despliegue de la nueva red 5G por empresas de telecomunicaciones como AT&T y Verizon será "mucho peor" de las estimaciones previas.

Daños incalculables

De acuerdo con los firmantes de la misiva, la mayoría de los 50 aeropuertos, indicados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) como sitios donde se crearán zonas de amortiguamiento de 5G, una solución para reducir la posible interferencia de las antenas, estarán sujetos a restricciones de operaciones el 19 de enero, lo que resultará en la cancelación de más de 1.000 de vuelos.

Asimismo, se subraya que las interrupciones de viajes no se limitarán a las condiciones de la baja visibilidad, considerada la más peligrosa para los aviones, dado que el nuevo servicio 5G podría provocar interferencias en los radioaltímetros, que proporcionan a la aeronave la información relacionada con la altura sobre la tierra o el agua.

Dado que los radioaltímetros también envían la información crítica a otros sistemas de seguridad e información de los aviones, es posible que una gran parte de la flota aérea operativa quede inhabilitada. "Además del caos desatado a nivel nacional, esta falta de aviones de fuselaje ancho disponibles podría resultar en que decenas de miles de estadounidenses queden varados en el extranjero", reza el texto de la carta.

"Los efectos secundarios para las operaciones con pasajeros y cargas, nuestra fuerza laboral y la economía en general resultan simplemente incalculables. Cada aerolínea de pasajeros y carga se esforzará para llevar a la gente, cargas, aviones y tripulaciones a donde deben estar. Para ser franco, el comercio nacional quedará paralizado", advierten los jefes ejecutivos de las aerolíneas más importantes del país norteamericano.

 

Reconocido abogado constitucionalista señala que un presidente en funciones sí puede ser investigado por el Ministerio Público.

¿Se le puede investigar a un presidente en funciones?


Claro que puede ser investigado. La investigación lo que persigue es acumular pruebas y teóricamente diseñar una acusación, pero ahí se queda. Es decir, no se puede ir a un proceso penal en forma, ni tampoco se puede condenar. Todo se guarda para cuando salga de la Presidencia. Este es un blindaje que existe en esta Constitución y en todas las anteriores. Justamente, para casos gravísimos en los que no se puede acusar existe la vacancia. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha interpretado al revés para lavarse las manos.

Entonces, ¿qué significa esta apertura de investigación preliminar de Zoraida Ávalos contra Pedro Castillo que luego la suspendió?


El problema es que la ha archivado y ya no se puede hacer nada. Ella se ha disparado a los pies porque ordena abrir una investigación y luego la archiva.

El único precedente de una investigación fiscal a un presidente en funciones es el de Martín Vizcarra por el caso ‘Richard Swing’, pero Ávalos también la suspendió.

Ella misma ha creado un mal precedente y ahora se aferra a este.

Algunos dicen que la acusación es producto de la investigación y por eso no se puede indagar al Presidente.


Se puede separar perfectamente la investigación de la acusación. Yo investigo y, luego de haber hecho todo mi informe, recién acuso, son etapas.

Con la decisión de Ávalos, ya no va a haber ningún tipo de diligencia…


No se va a hacer nada y las pruebas van a desaparecer. Aquí no hay ni siquiera carpeta, no hay nada.

La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma ha dicho que “hay que ser bien ingenuo para pensar que se puede investigar después de cinco años”.


El problema es que ella no tiene ninguna autoridad moral. La impresión que tengo es que está haciendo política para ser candidata en el 2026. A lo único que se ha dedicado toda su vida es a defender al Estado en todo y a dar la contra a todos los intereses particulares. ¿Por qué tiene que hablar ahora que se va? ¿Por qué no lo hizo antes? No sé cómo la toman en cuenta. Ella es procesalista y de Constitución no sabe nada.

De acuerdo con una serie de correos a los que tuvo acceso Panorama, el proceso de compra de biodiesel por 300 millones de soles que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa de Samir Abudayeh, habría sido direccionado por funcionarios de Petroperú.

La exgerenta del área corporativa de cumplimiento de la citada empresa estatal, Zenaida Calderón, indicó al programa que elaboró un informe que explica las presuntas infracciones incurridas en la licitación que dio como ganador a HPO. El documento, dijo, fue razón por el que fue separada de su puesto.

IRREGULARIDADES

En el reportaje se sostuvo que Musalim Abusada, empleado de Petroperú, ordenó suspender la convocatoria para la licitación de biodiesel a poco de haberse emitido con carácter local e internacional. La decisión, aseguran, fue respaldada por Hugo Chávez, gerente general de la misma compañía.

Precisaron que, tras la cancelación, Abusada expidió un correo electrónico a la organización de Abudayeh, solicitando una propuesta económica por la licitación de biodiesel. La invitación también fue enviada a otra empresa «con el objetivo de que no sea la única invitada», revelaron.

Según el informe, Abusada estableció una fecha y hora máxima, en un correo posterior, para la entrega de la propuesta; sin embargo, esa correspondencia se concedió después de que el plazo venciera. Si bien ello imposibilitó a alguna empresa cumplir con el cronograma, cuentan que Heaven Petroleum Operators fue favorecida.

El dominical resaltó que el proceso no contó con la participación de un notario público para certificarlo. Asimismo, relató que, una vez las dos empresas ya estaban en carrera por la adjudicación, Abusada optó por cambiar las reglas y, posteriormente, pidió nueva documentación.

Zenaida Calderón manifestó que esclareció todo este procedimiento en su exposición ante el directorio de Petroperú. A raíz de ello, dijo que fue destituida durante su periodo de vacaciones.

En 2020, actos de corrupción fueron equivalentes al 9.83% del presupuesto público. Exministro indicó que copamiento institucional del gobierno de Castillo traerá consecuencias.

El perjuicio generado por actos de corrupción e inconducta funcional en 2020 fue equivalente al 9.83% del presupuesto público a nivel nacional, según datos recopilados por el . Dicha proporción se incrementaría en los siguientes meses debido a los escándalos consecutivos del presidente y personas de su entorno cercano.

Así lo estimó el exministro de Economía, , quien acotó que los efectos de la corrupción se arrastran desde gobiernos anteriores debido a que no se ha realizado –en los últimos 20 años– una reforma total en el aparato del Estado sobre temas de competencia, idoneidad y transparencia de funcionarios.

El hecho de no tener cuadros idóneos en las instituciones sumado a la falta de automatización en proyectos que implican una gran inversión de dinero, todo eso ha sido caldo de cultivo para que la corrupción crezca y se vuelva notoria. Lo que vamos a ver ahora es un agravante de esta situación”, explicó a Perú21.

Castilla señaló que, al cruzar esa data con el conteo de obras paralizadas que registra la Contraloría General de la República, se observa que, en un 80%, la principal causa de paralizaciones de obras se debe a informes técnicos mal elaborados.

Esto solo quiere decir una cosa, que el Estado está captando gente para que manejen presupuestos millonarios sin mayor conocimiento técnico, ello resulta en obras paralizadas. Si uno lo ata a la corrupción, se puede ver una tendencia en el país de aprobar proyectos muy pequeños, ¿por qué? porque la Contraloría no tiene la capacidad de auditar todos los proyectos, entonces, contra más pequeño y lejano esté ubicado el proyecto, menor “riesgo” de fiscalización se tiene”, indicó.

La confianza funcional

Desde el nombramiento del primer gabinete ministerial, el 29 de julio del año pasado, al presidente Pedro Castillo se le ha cuestionado la designación de funcionarios como Guido Bellido en el cargo de premier o el de Iber Maraví –quien tenía vínculos con el y Sendero Luminoso– en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.

También fueron observados por el ojo público el excanciller , quien fue forzado a presentar su renuncia al cargo por ofender públicamente a la Marina de Guerra del Perú, asegurando que esta institución “dio inicio al terrorismo”; y el exministro de Educación Carlos Gallardo, uno de los impulsores de la Fenatep, el sindicato de maestros fundado por Castillo en 2017.

Como ellos, otros nombres han ido preocupando a la población por su falta de idoneidad y capacidad para ejercer cargos públicos. Para Castilla, también líder del eje Reactivación Económica en Regiones de Propuestas del Bicentenario, esto se debería a que se ha malinterpretado el concepto de “cargo de confianza”.

En el Estado siempre ha habido cargos de confianza. Por definición, confianza significa que debe tener las competencias necesarias para determinada posición, pero en este gobierno se ha malinterpretado este concepto, contratando a amigos de amigos del presidente, copando instituciones como Petroperú, donde era importante tener personas capacitadas. Se ha despedido a personal con conocimiento para poner a amigos, pronto veremos las consecuencias”, lamentó Castilla.

TENGA EN CUENTA

  • El 17 de diciembre, la Procuraduría denunció ante la Fiscalía a Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra vial en la Amazonía.
  • En represalia, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, pidió a la Contraloría adoptar acciones contra el procurador general Daniel Soria.
  • Uno de los escándalos que envuelven a Castillo fueron las reuniones en la casa de Breña. La lista de visitantes no ha sido transparentada.

Exdirector de recursos humanos dice que ministro del Ambiente conocía de contrataciones irregulares

Juan Carlos Castro Pinto aseguró que la alta dirección del ministerio pidió las evaluaciones de personal no idóneo y que se encuentran ligadas al partido Perú Libre.

El exdirector de recursos humanos del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro Pinto, aseguró este domingo que el titular del sector, Rubén Ramírez, tenía conocimiento de las contrataciones irregulares hechas en su cartera en las que se favoreció a personas ligadas al partido Perú Libre.

Si bien el Minam ha negado presión alguna de parte del ministro, Castro refirió a Latina que no debido a que “de acuerdo al reglamento de organización y función de Minam, la persona encargada de designar en cargos de confianza es el ministro. Y precisamente, por el nombre de confianza, tienen que obedecer a la confianza del ministro”.

Según un reportaje difundido por el referido medio, el ministerio colocó en puestos de trabajo a personas vinculadas al partido del Gobierno luego de varias postulaciones a cargos para los que inicialmente no calificaban por los requisitos establecidos.

Nosotros somos un órgano de apoyo y asesoramiento del ministerio. Las funciones que tenemos nosotros únicamente son de evaluación. Quien hace las propuestas en este caso es la alta dirección, y como repito, la persona que tiene que ser de la confianza es el ministro”, refirió el ex director.

Juan Carlos Castro explicó que el nuevo personal que ingresó a trabajar al Minem fue porque postuló a puestos que no requerían que se cumplan determinados perfiles.

De acuerdo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), los puestos de alta dirección o de funcionarios, que en estos casos son ministros vice, secretario general, no tienen un perfil de puesto”, refirió.

Nosotros cuando hacíamos las evaluaciones, remitíamos esa información a la alta dirección del ministerio, y con los resultados, muchas veces las personas no cumplían con los perfiles, y se nos pedía que reevalúen para otros perfiles”, aseguró.

Castro Pinto se reafirmó en haber sentido “presión” para los casos de las contrataciones de Jaime Quispialaya Armas, Carlos Pimentel Silva, Natalia Jiménez Velásquez, Emerson López Delgado, entre otros.

Yo me he sentido con todas las presiones que ha habido en el ministerio que son corroborarles objetivamente [...] las visitas que hacían a mi despacho, los WhatsApp, muchas veces. Yo he reafirmado, porque siempre es el ánimo que debemos construir un país con servicio civil meritocrático”, puntualizó.

El «milagro» de la pequeña Hanna: nació con solo 25 semanas de gestación y 325 gramos

Ellie Paton joven madre de 17 años vive en Newmilns en Ayrshire, Escocia. Su parto estaba programado para el mes de abril y los médicos le advirtieron que debido a que su hija era tan pequeña tenía pocas probabilidades de sobrevivir ya que el tiempo de maduración de la bebé no era viable. Es por eso que tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia a las 25 semanas de gestación (seis meses y una semana).

Gracias a Dios la bebé nació bien y pudo respirar sola. Ellie dijo en una entrevista para el Daily record: «Estamos muy orgullosos de ella. Salió a luchar por su vida y demostró que todo el mundo estaba equivocado. Es una chica increíble».

No fue un embarazo normal, una exploración a las 22 semanas mostró que la pequeña tenía solo el tamaño de un bebé de 16 semanas.

El padre de la bebé declaró: «Había cinco médicos en la sala y todos nos decían que era muy probable que muriera. Dijeron que solo tenía un 20% de posibilidades de sobrevivir porque era muy pequeña».

A pesar de las probabilidades de que no respirara por si sola al nacer, Hannah ha sido una luchadora y se convirtió en la bebé más joven en nacer en el Reino Unido.

Aún deberá permanecer unos meses en el hospital bajo el cuidado intensivo de los médicos, pero va muy bien.

Su madre nos cuenta: «Estamos tomando un día a la vez. Así que el primer objetivo es llevar a Hannah a Crosshouse y luego nuestro siguiente objetivo es llevarla a casa. Parece decidida a llegar allí con nosotros. Hannah es un milagro, es lo mejor que nos ha pasado».

Los sondeos muestran que la mayor parte de ese grupo demográfico desaprueba la Administración Biden, según la vicegobernadora de Florida.
 

La vicegobernadora del estado de Florida (EE.UU.), la republicana Jeanette Núñez, considera que las "desastrosas" políticas de la Administración Biden están provocando que los votantes hispanos se estén inclinando por apoyar al Partido Republicano en las próximas elecciones.

"Hemos visto las desastrosas políticas de Biden en todos los ámbitos desde que asumió el cargo", dijo Núñez en entrevista con Fox News, comentando los resultados de una encuesta que reveló que el 51 % de los votantes hispanos desaprueban al presidente demócrata.

Esa cifra "no debería sorprender a nadie", agregó la funcionaria, quien es la primera mujer hispana en ser elegida vicegobernadora de Florida. "Los votantes hispanos están acudiendo en masa al Partido Republicano", según Núñez, porque este movimiento político les "brindará libertad" y "oportunidades para sus familias".

Factores que impulsan el cambio de tendencia

La vicegobernadora opina que entre los factores detrás de la tendencia a favor de los republicanos se encuentran algunas de las polémicas medidas anticovid adoptadas por la Administración Biden en el sector de la educación pública, así como la enseñanza de la teoría crítica de raza en las escuelas.

"Cuando ves que los niños están siendo adoctrinados en las escuelas, y que Biden y sus compinches llaman 'terroristas domésticos' a los padres, esas son cosas que realmente tienen un impacto en los votantes. Y es por eso que creo firmemente que las elecciones de mitad de periodo [a celebrarse en noviembre próximo] y más allá serán un giro increíble de los acontecimientos para el presidente y para el Partido" Demócrata, apuntó Núñez.

Los votos de la comunidad hispana son cruciales en los comicios de EE.UU. y, tradicionalmente, la mayor parte de ese grupo demográfico ha apoyado al Partido Demócrata. Sin embargo, un reciente sondeo mostró que ahora los votantes de esa comunidad están divididos equitativamente entre republicanos y demócratas con una intención de voto del 37 % si las elecciones de mitad de período se celebraran hoy.

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