Diciembre 05, 2021
Susan Geronimo

Susan Geronimo

La Corte Suprema de EE.UU estudiará hoy la ley de Mississippi que cuestiona la sentencia «Roe v Wade»

La Corte Suprema de Estados Unidos escucha hoy miércoles los argumentos sobre la ley del aborto de Mississippi que impide acabar con la vida de un feto que ya es viable fuera de la madre, paralizada por un tribunal federal, en un caso que tiene el potencial de anular buena parte de las consecuencias de la sentencia «Roe v Wade» que permitió el aborto sin restricciones en todos los Estados Unidos.

 

El caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization se trata de una impugnación de la ley de Mississippi que restringe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. La Corte Suprema decidirá la cuestión de si todas las prohibiciones estatales del aborto antes de la viabilidad son inconstitucionales. «Viabilidad» es el estándar legal del tribunal desde 1973, considerado como el punto en el que un niño no nacido puede sobrevivir fuera del útero.

La Ley de Edad Gestacional de Mississippi se convirtió en ley en 2018, pero actualmente no está en vigor.

La Fiscal General del estado sureño ha pedido a la Corte Suprema que sentencie a favor de la ley estatal, lo cual supondría la puerta abierta a que otros estados aprobaran leyes similares.

Diversos grupos cristianos, tanto católicos como protestantes y ortodoxos, animan a rezar para que la sentencia sea favorable a la causa provida en EE.UU. 


El Partido Magisterial y Popular (PMP), movimiento que nace del sindicato Fenate Perú, fundado por el presidente Pedro Castillo y con denunciados vínculos con Movadef, entregó ayer 30 mil firmas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conseguir su inscripción como partido político.

Esperan que el presidente Pedro Castillo se devincule de Perú Libre (PL) para cobijarlo.

TC rechazó Ley Nº 31131 porque no cumplía el sentido de mantener el equilibrio presupuestario del Ejecutivo y sería más bien un perjuicio en general para la economía del país

Cada régimen tiene su propio estamento el decreto supremo 728 y el 276

LA NOTICIA:

El TC consideró que la Ley 31131, al ordenar la incorporación de los servidores del régimen CAS a los decretos legislativos 276 y 728, es inconstitucional por infringir las disposiciones de la Constitución.

Estas son las referidas a la prohibición de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos (artículo 79), el principio de equilibrio presupuestal (artículo 78) y la competencia del Poder Ejecutivo para “administrar la hacienda pública” (artículo 118, inciso 17).

Para el TC, la Ley 31131 es inconstitucional pues no solo contribuye al tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de "dirigir la política general del Gobierno".

Asimismo, la Ley 31131 sacrifica la meritocracia ‒que el TC, en su sentencia 00025-2005-PI/TC, entiende como un principio basilar del acceso a la función pública‒, pues la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes de los decretos legislativos 276 o 728 podría realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el Sector Público.

Al Consejo Nacional de Seguridad ciudadana acudieron ministros de Estado, mandos policiales y castrenses y el mandatario.

El presidente Pedro Castillo sostuvo este martes 30 de noviembre reuniones al interior de Palacio de Gobierno. Altos mandos de las Fuerzas Armadas acudieron a dicha sede para formar parte del Consejo Nacional de Seguridad ciudadana.

A partir de las 3:20 p.m., el primero en llegar fue un general del Ejército que portaba un maletín. Seguidamente, se hicieron presentes algunos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y de la Marina de Guerra.

A través de una publicación en Twitter, la Presidencia de la República informó que el jefe de Estado encabezó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

“El presidente Pedro Castillo lidera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, junto a ministros de Estado, altos mandos policiales y castrenses”, manifestó.

Además de los miembros de las Fuerzas Armadas, a Palacio de Gobierno llegaron el canciller Óscar Maúrtua; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres; de Economía, Pedro Francke; de Defensa, Juan Carrasco Millones.

Sin embargo, ninguno de los funcionarios brindó declaraciones a los medios de comunicación en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Según el registro de visitas, integrantes del Cuerpo General de Bomberos fueron otra comitiva que llegó a entrevistarse con Castillo Terrones. Acudieron Leónidas Telenta Estela, Jorge Luna Tupayachi, Jorge Calvo Tirado, Hildebrando Cuadrao Carruitero, Juan Morales Carpio y Antonio Ponce Lara.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien realiza su primera visita oficial al Perú, desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo.

Contexto: En la reunión participaron los representantes de la OEA en Perú, Miguel Ángel Trinidad y su comitiva, así como el director de Organismos y Política Multilateral de la Cancillería, embajador Rolando Ruíz, y el representante del Perú en la OEA, embajador Harold Forsyth.

Luis Almagro tiene previsto reunirse con el presidente de la república, Pedro Castillo, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, en el Palacio de Torre Tagle.

Relevancia: Se busca realizar la suscripción de dos convenios para impulsar el desarrollo de las MIPYMES, y así lograr avanzar en la agenda interamericana de seguridad multidimensional.

Óscar Zea admite que participó de una reunión con el presidente Castillo en Breña: "Fue un tema sindical"

El parlamentario Óscar Zea dijo que esta reunión, ocurrida hace diez días en la casa de Breña, tuvo la presencia del presidente Pedro Castillo, congresistas de la facción magisterial y maestros de diferentes sindicatos.

El congresista de Perú Libre Óscar Zea dijo que tras el mensaje del presidente Pedro Castillo se corregirá el aspecto de mantener reuniones oficiales fuera de la sede de Palacio de Gobierno. Luego, el congresista reconoció que hace 10 días también acudió a la casa de Breña para mantener una reunión con el mandatario donde trató temas sindicales.

"Con todas estas observaciones, ya no tiene que repetirse esto [de las reuniones en Breña]", dijo.

Consultado si acudió también a reunirse con el presidente a la casa de Breña, el congresista reconoció que sí. "Fuimos hace 10 días para conversar. Han ido maestros de diferentes grupos, de Fenate Perú, del Frente Político", dijo.

Reuniones en Breña por asuntos sindicales

Consultado por la decisión de ir a Breña y no a Palacio para tratar estos asuntos, Zea respondió "porque era un tema sindical".

"El tema que se trató fue de unidad, porque el magisterio está dividido. El profesor [presidente] estaba preocupado. Se habló de unidad".

Zea dijo que la reunión fue en la tarde y que vio a medios de prensa fuera de la casa de Breña. "Hemos estado todos los congresistas y el único tema que se habló fue de la unidad, que el magisterio no tenía que estar divido, sino unido", dijo.

 

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó este miércoles a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular como parte de un proceso disciplinario que se le inició por el caso en el que se investiga a la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Así lo determinaron por unanimidad los magistrados que integran el pleno de la JNJ: Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez Ríos.

El pasado 30 de septiembre el organismo constitucional autónomo dejó al voto el informe que proponía la destitución del ahora exfiscal, el cual fue presentado por la titular de la JNJ y encargada del caso, Inés Tello.

Faltas muy graves

Tras una sesión virtual, los integrantes del pleno de la JNJ concluyeron que Rodríguez Monteza incurrió en “faltas muy graves” por haber comunicado a miembros de dicha organización criminal que sus conversaciones eran interceptadas, como parte de una investigación fiscal.

Según precisaron, el exfiscal infringió los artículos 39, 47 y 50 de la Ley de Carrera Fiscal, incurriendo por ello en faltas muy graves.

Además, se probó la cercanía y confianza con los integrantes del caso ‘Los cuellos blancos del puerto’ como César Hinostroza, Walter Ríos, por haber asistido a eventos o reuniones de carácter social con dichos investigados.

Con esta decisión, el pleno también dispuso la cancelación del fiscal supremo y la inscripción de la decisión en el registro de magistrados destituidos. Además se comunicó la decisión a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como a la titular de la Corte Suprema, Elvia Barrios.

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron una moción para que la , explique en el Congreso los acuerdos que conllevaron al cierre de 4 proyectos mineros en Ayacucho.

 

Según la , la primera ministra también deberá explicar la posición del Gobierno respecto a su política de fomento de las inversiones, generación de empleo y estabilidad jurídica, económica y social en el país.

 

En los considerandos se afirma que las acciones de Vásquez Chuquilín “atentan contra la economía social de mercado” y sus declaraciones constituyen una “interferencia arbitraria del Estado y atentan contra la libre iniciativa privada”.

 

“Lo manifestado por la premier genera mayores conflictos sociales en la población, inestabilidad jurídica, política y económica en el país, que no contribuyen en nada a la paz y bienestar de la nación, menos aún en el actual contexto de crisis sanitaria a consecuencia del Covid-19″, dice el documento.

También se refiere que el accionar de la primera ministra constituiría un “acto ilegal y arbitrario” y advierte que el cierre de cuatro proyectos mineros generaría la pérdida de 6 mil puestos de trabajo directo y 48 mil puestos de trabajo indirectos.

 

Cabe indicar que la moción de orden del día está firmada por los congresistas Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

 

La titular de la PCM pidió reprogramar la citación de hoy en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, donde iba a informar sobre el proceso de diálogo iniciado con la población de las provincias de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho.

En dicho grupo de trabajo se le había solicitado dar detalles sobre la suscripción de un acta en el que se ratifica el cierre de las unidades mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada, establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El Senado de República Dominicana aprobó ayer el nuevo Código Penal que establece el cúmulo de penas, sanciona el feminicidio, la violencia intrafamiliar y la actividad sexual no consentida y mantiene el aborto como delito que solo se despenaliza cuando la vida de la madre esté en riesgo.

 

La aprobación de un Código Penal dominicano ha sido objeto de amplios debates durante unos 20 años, principalmente por la pugna entre quienes están a favor de que el aborto continúe siendo penalizado en el país y los sectores que abogan porque se apruebe su despenalización en tres causales: cuando la madre esté en peligro de muerte, en caso de violación o incesto y cuando la ciencia determine que el estado del feto es incompatible con la vida fuera del seno materno.

Finalmente no se ha planteado la posibilidad de despenalizar el aborto más allá de como está en la actualidad.

Un grupo de 24 senadores de 29 presentes en la sesión, dio su voto favorable a un código que condena el ataque con sustancias químicas, una práctica que ha causado la muerte o daños permanentes a muchas mujeres, víctimas principalmente de sus exparejas.

Asimismo, se establecen penas de cárcel de 30 a 40 años a quienes cometan genocidio con la finalidad de destruir a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o caracterizado por la discapacidad de sus miembros.

Los feminicidios, uno de los más lacerantes problemas sociales de República Dominicana, se castigarán con penas de 30 a 40 años de prisión, al igual que el sicariato.

Para la violencia intrafamiliar, el Código Penal establece penas desde cuatro a 40 años de prisión, mientras que en cuanto a la agresión sexual no consentida en una relación de pareja, se aplicarán condenas de entre 4 y 10 años de reclusión.

La corrupción administrativa se tipifica de «muy grave» en el código, que establece penas de 10 a 20 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

También se castigará el hostigamiento contra niños y adultos, así como, además del maltrato físico, la violencia económica, patrimonial y psicológica.

El Congreso Nacional llegó a aprobar el Código Penal en 2014 y 2016, pero en ambas ocasiones el texto fue vetado por el entonces presidente Danilo Medina, por no permitir el aborto en las tres causales.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de aprobarlo tal y como lo recibe del Senado o hacerle modificaciones, con lo cual la iniciativa regresará a la cámara alta.

Carlos Jaico Carranza, excandidato al Congreso para peruanos en el extranjero por Alianza para el Progreso, sería el nuevo Secretario general de Palacio de Gobierno en reemplazo del renunciante Bruno Pacheco, según informó RPP.

 

El jurista y analista político, natural de Chimbote, había intentado llegar al Parlamento con propuestas en el que apoyaba una subvención a los agricultores del país.

Este martes, 23 de noviembre, Jaico Carranza dio a conocer en su cuenta en Twitter que solicitó licencia al partido liderado por César Acuña.

Anuncio la licencia al partido APP, agradeciendo la confianza brindada. Seguiremos trabajando por el Perú, César Acuña”, escribió.

Cabe mencionar que Bruno Pacheco renunció a la Secretaria de Palacio tras el escándalo generado por presuntas injerencias en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, así como presionar al jefe de la Sunat para apoyar a ciertas empresas.

Pese a que Pacheco Castillo presentó su dimisión a su cargo, el Ejecutivo aún no hace oficial su salida.

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