Junio 28, 2022

El ministro del Interior, , acudió anoche al Pleno del Congreso para intentar responder por la fuga del exministro , amiguísimo presidencial e investigado por organización criminal. Sin embargo, no convenció y ahora se abre la posibilidad de una censura.

Durante su exposición – en la que también se abordó el caso de los mineros informales muertos en Arequipa– Senmache se escudó en legalismos para justificar las evidentes omisiones que hubo al interior de la Policía, y los servicios de Inteligencia, que permitieron que Silva se hiciera humo.

Insistió, por ejemplo, en que la medida de videovigilancia, dispuesta por la Fiscalía de la Nación el 27 de mayo, no contemplaba en ningún momento hacerle un seguimiento a Silva.

“La Policía no puede hacer seguimiento porque eso sería reglaje”, incidió, tal como ya lo había hecho en dos comisiones parlamentarias y en entrevistas.

Esto ha sido desmentido, en reiteradas oportunidades, por exoficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas. Perú21 informó, además, que en el propio Informe N° 307-2022-Dircocor se reconoce que el 1 de junio, cuando Silva brindó una entrevista, efectivos realizaron “seguimiento”. Lo cierto es que se les escapó por una luz roja.

La propia disposición fiscal de videovigilancia también requería un reporte de los “desplazamientos” de Silva.

“Leo la disposición y en ningún momento encuentro que se haga señalamiento expreso de la medida de seguimiento. Y no es que uno quiera ser totalmente purista o legalista, pero existen durante todo el 2021 y 2022 distintas disposiciones totalmente expresas”, aseguró Senmache.

El ministro tampoco perdió la oportunidad para cuestionar e intentar echar responsabilidad a la Fiscalía de la Nación.

Senmache dio a conocer ante el Pleno que hasta el momento se han realizado nueve allanamientos, “dos de ellos por el Sistema de Recompensas”. “En la actualidad hay por lo menos tres o cuatro viviendas que están siendo estudiadas”, adelantó.

Pero la fuga del amiguísimo presidencial tiene un costo político. Al interior del Congreso, Renovación Popular ya viene cocinando una moción de censura contra el ministro del Interior, el quinto en once meses de gestión.

El legislador José Cueto (RP) remarcó que, a su juicio, Senmache le ha mentido al Congreso y a la opinión pública. “Ha tratado de echarle la culpa al Ministerio Público, cuando eso es mentira”, dijo a Perú21.

“Para ellos, videovigilancia no significa seguimiento, cuando para todos los aspectos de Inteligencia en todo el mundo, un OVISE (observación, vigilancia y seguimiento) implica todo ello. Están tratando de engañar”, agregó Cueto.

La moción de censura requiere 33 firmas para ser formalizada. La bancada de Fuerza Popular anunció anoche que también irá por esta vía.

TENGA EN CUENTA:

  • La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó ayer una denuncia constitucional contra Senmache por la fuga de Silva.
  • En el documento, cursado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pide su destitución e inhabilitación de la función pública por diez años.
  • “Se han propiciado las condiciones” para que Silva “pueda evadir a la justicia”, advierte.

A VECES LA IGNORANCIA HACE MÁS DAÑO QUE LA MALA FE

Una muestra más de que en el Congreso no solamente hay comunistas que apoyan al Ejecutivo, sino también existen Congresistas torpes y lentos para entender cuándo se introduce un explosivo con detonador a tiempo controlado. En efecto, aprobar una ley que persigue dar armas a colectivos o grupos rurales llamados comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD), siendo gente manipulable por las autoridades ejecutivas y regionales, e4s simplemente constituir una fuerza roja paramilitar para defender al Gobierno de ideología marxista, comunista, leninista, mariateguista.

 Si a los Congresistas se les escapó la tortuga roja de violencia y de asesinatos con esta ley del veneno escondido, denota simplemente que hay gente impreparada, sin amor a la patria y que no pueden ver más allá de sus narices; Solo están preocupados en sus suelditos y sus cuotas de poder para complacer sus orgullos, vanidades y ambiciones de dinero.

LA NOTICIA:

El  promulgó una norma que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana, situación que, en opinión de expertos, podría significar poco beneficiosa o, incluso, generar graves riesgos para la población.

La Ley N° 31494, publicada ayer en El Peruano, dispone que estos grupos brindarán apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

También establece que los CAD podrán adquirir, por compra o donación del Estado o particulares, las armas que los ministerios de Defensa e Interior autorice.

Las que apruebe el sector Defensa serán destinadas a la lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia, mientras que aquellas que autorice el Ministerio del Interior se emplearán en apoyo a la Policía y para la seguridad ciudadana.

Asimismo, se señala que los CAD serán capacitados por las citadas carteras en materia de prevención, seguridad ciudadana, arresto ciudadano, uso de la fuerza pública, uso legítimo de armas de fuego, entre otros.

La ley, heredada del Congreso anterior tras de ser observada por el Ejecutivo, fue acogida por la comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del . Esta emitió un dictamen por insistencia, que fue aprobado en el Pleno a inicios de junio.

LECTURA. El exdirector de la PNP, general (r) Eduardo Pérez Rocha, expresó su preocupación por la norma y cuestionó la participación de los CAD en el Sistema de Seguridad Ciudadana. Agregó que será necesario evaluar el reglamento de la ley y su espacio de acción.

“Me parece sumamente peligroso y no sería nada raro que puedan haber intervenciones con pérdida de vidas, que corresponde solo al poder coercitivo de la PNP. Si creamos esto, es como crear algo paramilitar y es preocupante”, alertó.

Por su parte, vía Twitter, el exviceministro del Interior Dardo López Dolz advirtió que la norma “da inconstitucional partida de nacimiento a fuerzas paramilitares”, lo que transgrede normas de las Naciones Unidas y generaría “un riesgo inmenso para los ciudadanos”.

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