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QUIEREN EVITAR LA CANA A CASTILLO PRESENTANDO EL EJECUTIVO UN PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO DEL JUICIO POLÍTICO

LES SALDRÁ EL TIRO POR LA CULATA

EL LEGISLATIVO TIENE LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR EL SUYO, APROVECHANDO ESA PROPUESTA DE CASTILLO, MODIFICANDO EL ART 117 DE LA CONSTITUCIÓN PARA AMPLIAR LAS CAUSAS DE ACUSACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, INCORPORANDO LOS CASOS EN QUE SE COMETA DELITOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

EN ESTA FORMA EL PRESIDENTE NO PUEDE SER INTOCABLE CUANDO ROBA, MATA CORROMPE DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y DEBE SER ACUSADO TAMBIÉN COMO CUALQUIER CIUDADANO; MÁXIME QUE UN PRESIDENTE BASADO EN SU POSICIÓN DE DOMINIO, ABUSA Y SE APROVECHA DE SU PODER Y NO SE LE PUEDA ACUSAR POR SUS INCONDUCTAS Y ACTOS DELICTIVOS.

LA NOTICIA
Gobierno de Pedro Castillo busca regular el juicio y antejuicio político

Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar los artículos 99 y 100 de la Constitución. Pretenden que una comisión de tres jueces determine si hay o no mérito para el inicio de un proceso penal y ya no lo haga el vocal supremo de manera automática como lo establece la Carta Magna

Un poco antes de que el Poder Judicial (PJ) publicara la resolución que da cuenta del rechazo del recurso que presentó Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, a fin de anular la investigación en su contra, ingresó a mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución sobre el juicio y el antejuicio político.

En un documento de 17 páginas firmado por el mandatario y el premier Aníbal Torres, el Poder Ejecutivo propone cambiar los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, un cambio que podría beneficiar eventualmente al jefe de Estado hoy implicado en graves actos de corrupción.

MODIFICACIONES
La propuesta del Gobierno de Castillomantiene que los altos funcionarios puedan ser acusados ante la Comisión Permanente del Congreso por infracción a la Constitución, sin embargo, omite la parte que señala que pueden ser acusados por “todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones”.

Cabe precisar que la norma alcanza al presidente de la República, congresistas, ministros, integrantes del Tribunal Constitucional (TC), los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), los vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el Contralor General.

En tanto, en el artículo 100 plantean que el Ministerio Público pueda denunciar de oficio o de parte, ante la Corte Suprema, a altos funcionarios por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. 

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