Septiembre 25, 2022

LA FISCALÍA DE LA NACIÓN YA ESTARÍA EN CONDICIONES DE PRESENTAR UNA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO.  

SÍ SE PUEDE

Existe la primacía del derecho sobre el poder corrupto donde la voluntad colectiva, o sea la sociedad compuesta por todos los ciudadanos, es defendida por el Ministerio Público a través de la Fiscal de la Nación quien no depende de gobierno ni de autoridad alguna y quien se encuentra facultada a defender a la sociedad, de la suciedad de una organización criminal existente desde la más alta jerarquía.

Acá, no entra para nada el artículo 117° de la Constitución, porque el M. P., entre sus funciones principales de defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos y la moral pública, son inobjetables.

Todo ello como derechos humanos colectivos son defensas de los bienes jurídicos, materiales e inmateriales, morales ético y espirituales que distinguen el patrimonio de un correcto funcionamiento del aparato del estado; máxime que son deberes del estado cuidar las riquezas materiales e inmateriales de la nación contempladas en la constitución del estado, en sus extensiones, y conexas interpretaciones.

La Fiscal de la Nación deberá en su denuncia constitucional precisar todos los efectos dañinos y perjudiciales que esta organización criminal instalada desde la más alta jerarquía que lejos de prestar recto servicio a la Nación no sólo las han quebrantado, sino que penalmente como está ocurriendo, en tiempo, modo y circunstancia van cayendo los delincuentes que la integran y desactivándose dicha organización en la que corresponderá ya al congreso, basado en la denuncia de la fiscal continuar con sus propias facultades y procedimientos respectivos optar por las diversas formas sancionadoras existente, contra la cabeza jerárquica, es decir contra Pedro Castillo, pudiendo ser o por vacancia, inhabilitación, suspensión, o destitución.

Sobre Castillo pesan ya algunas denuncias constitucionales a ventilarse, sin embargo, la de la Fiscal de la Nación sería la de mayor peso, puesto que, salvo los rojos de Perú libre y los castillistas que son antisistema y antidemocráticos, el resto de los congresistas no podrán oponerse a la denuncia de la Fiscal de la Nación, puesto que los principios constitucionales en la doctrina actual van por el camino del logro de los ideales y realidades de justicia de una sociedad. Inclusive, en el otro ámbito judicial corresponde a los magistrados suplir los vacíos de la ley por dinámica y enfoque de una criminalización a un presidente que es cabeza de toda una organización múltiple y variada en el aparato del estado.

Acá no me vengan con que el art 117° de la Constitución lo impide como dicen algunos abogados erradamente, porque una cosa es denuncia constitucional y otra es acusación constitucional, sobre todo que no se puede dejar en indefensión a la sociedad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos y la moral pública, afectadas de una manera nunca vista en el Perú. Es la primacía existente de la propia constitución y de la defensa de la legalidad del M. P.

EL CELADOR

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