Mayo 27, 2022

LE SALE BARBA Y NO TERMINA DE ACUSAR

LA NOTICIA:
El fiscal José Domingo Pérez aseguró que desde el Ministerio Público han adoptado la posición de garantizar el debido proceso en el caso Cócteles en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 40 investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

El integrante de la Fiscalía indicó que han tomado dicha disposición con el propósito de que en un futuro los investigados no cuestionen algún tipo de acusación indebida o mal planteada.

“En este caso se ha adoptado la posición de garantizar el debido proceso, de absolver cualquier controversia que pueda tener la defensa, estamos asegurando que más adelante, en un futuro próximo, no se argumente que era una acusación indebida o mal planteada y que era una acusación que afectaba sus derechos”, señaló Domingo Pérez en diálogo con Ideele.

En ese sentido, el fiscal se refirió a la reciente presentación de las subsanaciones del caso y anunció que próximamente se va a pasar a la etapa de control sustancial y posteriormente al control de prueba.

“Hemos aclarado, hemos precisado, hemos subsanado todo lo que consideraban las defensa y entendemos que tenemos que pasar a la etapa del control sustancial y control de prueba y de ahí iremos al juzgamiento”, dijo. 

LOS NEGOCIOS CON EMPRESAS CHINAS SANCIONADAS EN VARIOS PAÍSES NO SON OBSTÁCULO PARA ABRIR OPERACIONES CORRUPTAS EN EL PERÚ CON EL SECTOR DE ENERGÍA Y MINAS

VAN CAYENDO


LA NOTICIA:
Intervienen la DINI por presunto caso de corrupción en adquisición de plataforma tecnológica
La Fiscalía informó que en la Dirección Nacional de Inteligencia se viene ejecutando una medida de exhibición forzada e incautación de documentos

Recordamos que el empresario constructor Henry Shimabukuro vinculado al servicio de inteligencia y asesor de Castilo, es considerado uno de los impulsores de la cuestionada orden de inamovilidad social ordenada por el mandatario el lunes último.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público explicó que la investigación involucra a altos funcionarios de la entidad policial, con sede en Chorrillos.

Dicha diligencia en la DINI -instancia dirigida por José Luis Fernández Latorre- es autorizada judicialmente, y está a cargo del fiscal anticorrupción de Lima Sur, Edison Mendoza Laura, con apoyo policial de la Dirección Contra la Corrupción.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y ejerce la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional.

EL JEFE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA FUE NOMBRADO POR SER UN ELEMENTO CON PÉSIMOS ANTECEDENTES NECESARIO PARA MANTENER A UN GOBIERNO ROJO MEDIANTE PSICOSOCIALES Y ACCIONES DISTRACTIVAS.

Como es público, José Luis Fernández Latorre es, desde el 3 de setiembre del 2021, el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), pero su designación se vio empañada por los cuestionamientos que han caído sobre su perfil profesional.

Un informe de El Comercio reveló que el mayor PNP en retiro y abogado obtuvo 30 sanciones disciplinarias en la Policía Nacional del Perú entre los años 1997 y 2015.

De estas, la mayoría corresponde a faltas contra la obediencia. Otras sanciones en su contra son por negligencia, contra el decoro, contra el deber profesional, abandono de servicio o destino, y abuso de autoridad. 

TIEMBLA CERRÓN

PODRÍA CAMBIAR SU CONDICIÓN JURÍDICA DE GOCE DE LIBERTAD POR LA DETENCIÓN EFECTIVA

Vladimir Cerrón teme ir a prisión por incautación de reparación civil

Fundador de Perú Libre pide anular incautación del pago de reparación civil que realizó porque, dice, que podría variar su condición legal

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, teme volver a prisión y así lo expresó en un hábeas corpus que presentó -sin intermediación de un abogado- ante el Poder Judicial con el fin de anular la resolución que ordenó incautar el pago de S/ 850, 074 que realizó, junto a otras personas, por concepto de reparación civil.

Según el recurso, al que accedió Correo, Cerrón indica que dicha resolución, emitida 13 de diciembre del 2021 por el juez Jorge Chávez Tamariz, retiene los montos cancelados por la reparación civil “y por el tiempo transcurrido devendría en impaga”.

Según la fiscalía, el dinero abonado por este concepto tendría origen ilícito de las actividades ilícitas de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

La reparación civil fue impuesta en la sentencia condenatoria para Vladimir Cerrón y otros tres exfuncionarios de la región Junín por negociación incompatible de cuatro años y ocho meses, en 2019. 

El secretario general de Perú Libre expresó su rechazo ante el ultimátum que dio el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, a los comuneros de Fuerabamba y Huancuire, quienes acampan cerca del tajo Chalcobamba, paralizando así la extracción de cobre a cargo de MMG Las Bambas.

El titular de la cartera del Interior advirtió que el Gobierno del presidente Pedro Castillo dará una “última oportunidad” a los comuneros antes de la Policía Nacional intervenga para intervenir y restablecer el orden “con las armas que la Constitución y la ley nos otorgan”.

“La Policía Nacional está a cargo de la seguridad y de la intervención directamente en Las Bambas. Hasta el momento no hemos tenido costo social alguno, hubo un pequeño enfrentamiento porque hemos desalojado a los comuneros que han tomado la empresa, por lo cual la Policía debe -hacer- prevalecer el orden y garantizar la propiedad privada”, dijo a la prensa.

Fue a raíz de estas declaraciones que el líder del partido de Gobierno criticó a Chávarry Estrada y consideró que si el jefe de Estado respalda la “amenaza” del ministro de estado, “estaría cometiendo un delito”.
  

“Señor ministro, las armas son para custodiar al pueblo, no a los patrones. Un gobierno del pueblo jamás deja muertos sobre sus hombros, si el presidente respalda esta amenaza estaría cometiendo un delito”, escribió en sus redes sociales.

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